Por Camilo Alzate González
Durante los 60
comenzó un despoblamiento rural en las partes altas de Pereira y Santa Rosa alentado
por el Estado. Compraron mejoras a los colonos a buen precio, frenaron la
construcción de vías, declararon reservas y parques naturales en el área. Algunos
atribuyen tal iniciativa a dirigentes visionarios que ya entendían la
importancia de cuidar el agua. Otros aseguran que fueron acciones
contrainsurgentes vaciando de campesinos zonas estratégicas de los Andes. En
efecto, así sucedió.
Hay razón en
ambas explicaciones. Como sea, medio siglo después aquella política da como
resultado casi 50.000 hectáreas de bosques nativos preservando varias de las
cuencas más importantes de la región. El río Otún, principal afluente de
Pereira, aun no sufre disminuciones de caudal que obliguen al racionamiento,
como sucede con frecuencia al otro lado de la cordillera con ríos que surten
poblaciones del Tolima.
Las élites de caciques
que ahora mandan parecen empeñadas en feriar a toda costa lo que dejó aquella
generación. Ellos al menos creyeron en la trillada idea del civismo pereirano.
El hospital y el aeropuerto, levantados entre convites y aportes comunitarios
de miles de ciudadanos, acabaron siendo negocio particular de compraventa para cualquier
mandamás advenedizo. Las Empresas Públicas se subastaron administración tras otra.
Sobrevive la Empresa de Aguas. A través de deudas podría caer en manos de
grupos privados nacionales o extranjeros, que se apropiarían por extensión la
cuenca del río Otún. Un río que los dirigentes de hace 50 años consideraban sagrado,
pensando en el agua de una ciudad imparable. Nadie sabe para quién trabaja.
Por bagatelas y
mordidas de ocasión, los funcionarios -del último al más alto- andan dispuestos
a ejercer medidas que destruyen el bienestar colectivo. Oro por espejitos. La
cuenca del río Barbas, un área natural con gran relevancia biológica según el
instituto Humboldt, resulta amenazada por un macroproyecto energético
irrelevante en la región, sin embargo, es “fundamental” dicen las
multinacionales mineras.
La Carder niega
que exista deforestación en Risaralda, aunque reportes nacionales demuestran lo
contrario. Esa entidad multa con severidad los campesinos que tumban cinco o seis
palos, pero aparece ciega ante abusos de multinacionales como Smurfit, que lleva sus monocultivos de
pino y eucalipto hasta los bordes mismos de quebradas y nacimientos violando la
ley. Smurfit acapara directa o
indirectamente las cabeceras de la quebrada La Cristalina y de los ríos San
Eugenio, Barbas, Consota, Cestillal, Boquía, fuentes vitales para decenas de miles
de habitantes y acueductos que sienten los rigores del cambio climático.
Caciques miopes.
Lo suyo es la rapiña. Desechan la mayor riqueza de la ciudad a cambio de un
plato de lentejas. Ni se enteran que no habrá agua con qué cocinarlas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario