Aunque
entre la comunidad, en particular la Veeduría Ciudadana y los socios de
Asobares, hay expectativa favorable respecto de los alcances, algunos entes
como la Carder y la Personería guardan reservas.
“Cuando
se dan procesos de años, donde la administración no se ha ocupado de esto,
usted no los resuelve en poco tiempo”, afirma Leonor Mary Marmolejo, presidenta
de la Veeduría Ciudadana, al referirse al control del ruido causado por los locales
dedicados a la venta de licor en el sector de la Circunvalar.
Hasta
el 23 de abril, 18 bares habí an firmado el pacto de autorregulación, de acuerdo
con información de María Camila Rodríguez, directora ejecutiva de Asobares.
Como mecanismo de incentivo, la secretaría de Gobierno y la Personería han
suspendido los procesos que corrían contra los infractores. Según registros, en
la zona de la Circunvalar funcionan 43 bares.
Luego
de las primeras firmas se ha notado un descenso en el nivel del ruido, aunque
los vecinos están expectantes a que más negocios se sumen al pacto y que se
cumplan las normas exigidas para la insonorización de los locales, tanto los
actuales como los futuros. “Los dueños de los locales irán bajando los
decibeles, progresivamente, tendrán dos meses para ir bajando el nivel del
ruido”, dice Marmolejo. “Hay todo tipo de presiones para que eso no se cumpla,
no es una tarea sencilla la que estamos emprendiendo”, concluye.
Disgustos
“Es que
la Alcaldía se hizo la de la oreja mocha”, afirma Juan Antonio Escobar,
residente en un edificio del sector. Incluso, para Israel García Varón,
habitante del edificio El Greco, algunos bares cercanos a su apartamento “están
en una ramada” que no cumple con las condiciones mínimas.
Todos
los negocios ubicados en la avenida que se tomaron los antejardines recibieron
un plazo perentorio para que entreguen
un plan que especifique cómo van a devolver ese espacio público, o, en su
defecto, cómo cumplirán con las normas al respecto y los pagos exigidos por su
uso.
Escobar
afirma que “la Alcaldía ha manejado mal
la cosa, pues favorece a los dueños de bares”. Aunque apoya mecanismos de
convivencia, “los vecinos deben denunciar la ineptitud y la pasividad de la
administración”. Por eso, manifiesta, “no
confío en quién va a dirigir el pacto”, aunque lo respalda como iniciativa.
Los
reclamos de algunos vecinos han llegado hasta tal extremo que, como afirma
Álvaro Duque, “me eché de enemigo al dueño del bar ubicado en seguida de la
casa de mis padres”. Luis Alfonso Martínez, administrador de El Greco, comenta
que el ruido es insoportable y pareciera subir de volumen a medida que avanza
la madrugada.
Para
los asistentes, se dan varias transgresiones: ocupación indebida de los
antejardines, irrespeto del uso mixto del suelo, además del evidente sobrepaso
del nivel máximo de ruido.
No
debería haber discotecas, si se respetara el uso del suelo. “Algunos bares
abren a las 3 o 4 de la tarde, pero más tardecito se convierten en discotecas”,
dice Marmolejo. O se respeta la norma, o les toca irse, es el consenso entre
los asistentes.
Asunto complejo
Lo que
se destaca de fondo, según los vecinos, es un problema grave de ordenamiento en
la Circunvalar, del cual el ruido es por el momento lo más visible. Aseguraron que respetan la libertad de
empresa, pero no a un costo tan alto para la tranquilidad de los residentes,
quienes en últimas fueron los primeros en habitar la zona, mucho antes de la
llegada de los bares y locales similares. La legitimidad de bares y
restaurantes para estar en Circunvalar, según ellos, no está en discusión.
Donde hay un problema es en la falta de consideración para con los vecinos.
“Venimos
de una cultura del dejar hacer, dejar pasar; pero falta sentarnos a hablar para
armonizar el progreso. Los escenarios se ganan a partir del diálogo, no del
grito”, aporta Iván Muñoz, gerente de la Zona C. Incluso, muchas veces, la ley
no basta, se requiere el respeto y acatamiento de la misma, añade.
Duque
aseguró que cuando se demanda o instaura cualquier acción legal contra los
bares, toca hacerlo a nombre del propietario, pues los bares cambian de nombre.
De hecho, comentó García, algunos cambian de nombre para luego reabrir cuando
son sancionados con medida de cierre, hasta siguen en el mismo lugar.
Escobar
insistió en que algunos retan a los denunciantes con expresiones como “póngala
como quiera que nosotros somos cercanos a la Administración (Municipal).
Párense en la manos, que nosotros hacemos dos llamadas y arreglamos eso”. Duque
complementó la anterior afirmación y entregó el nombre de un bar de la zona que
actúa de manera similar.
El
pacto es una propuesta de civilidad, de diálogo y búsqueda de negociar puntos
antagónicos, pero si no se da cumplimiento al mismo, la Alcaldía Municipal entrará a sancionar retomando los
procesos que en la actualidad están congelados. Además, la Veeduría Ciudadana
estará revisando las actas y el cumplimiento de lo planteado en las mismas.
Objeciones
El
personero Néstor Javier Arango ha dicho de manera insistente que apoya
iniciativas como la firma del pacto, pero no quiere “amarrarse para futuras
acciones judiciales en caso de incumplimiento de estos lugares”. Por eso no
firmará los acuerdos logrados.
Por su lado, el subdirector de la Carder, Julio
César Gómez, manifestó que “no deberíamos estar aquí (en la primera reunión de
firma del pacto)”, al aludir a que la normatividad es clara al respecto.
Además, a través de varios medios, reitera que ellos no tienen funciones de
control, las cuales le competen a la Alcaldía.
Tarea
pendiente
Aunque
no se ha abordado hasta el momento, no se descarta que en el mediano plazo
también se busque solución al desorden e inconformidad causados entre los
residentes de la zona aledaña a laUTP, debido al ruido exagerado de los bares,
según comentario de un vecino.
Las
quejas de los vecinos han sido reiteradas y con seguridad que allí también se
necesita autocontrol o la toma de otro tipo de medidas por parte de las
autoridades.
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