Más que en el campo, en
las ciudades se dan encuentro de manera constante los intereses entre lo
público y lo privado. Eso que parece tan abstracto, en las calles –expresión de
lo público– se torna en algo evidente, tanto que algunas veces se llega a la
confrontación.
Algo así está sucediendo
en la avenida Circunvalar, tal vez uno de los sitios más atractivos de la
ciudad en cuanto a interés turístico y como zona de diversión. Tanto que ha
merecido una gerencia específica para este sector, denominado ya como la Zona
C.
A partir de las reformas
al Plan de Ordenamiento Territorial, entre las cuales quedó la de cambiar de
uso al suelo de la Circunvalar, para clasificarlo como mixto, la ola de
apertura de locales dedicados a la diversión y expendio de licores no se hizo
esperar. Todo parecía bien sobre el papel: se cumple con el derecho a la
creación de empresa.
El asunto grave es que
muchos –por no decir todos– abrieron sus puertas sin el cumplimiento de normas
fijadas de manera específica para su buen funcionamiento. Así, no se cumplió
con la insonorización, que ahora tiene en apuros a bares y discotecas, con
plazos perentorios de cumplimiento que se extendieron por tres meses más.
Tampoco se observó la
atención de normas respecto a la seguridad que brindan los establecimientos a
sus usuarios, por ejemplo en cuanto a la capacidad de desalojar rápido en caso
de emergencia. Eso ni se comenta en las reuniones.
Ahora se tiene, además,
una situación de extrema gravedad: es el uso de antejardines de manera
descarada, sin respeto del Acuerdo 078 de 2008 que regula, entre otros, este
uso. Así se observa cómo hay cerramiento fijo de tal espacio, cubiertas totales
(deben ser parciales) y ubicación de elementos expresamente prohibidos en tal Acuerdo.
Ya la Personería se ha
manifestado al respecto, el Alcalde lo hizo en su momento y hasta la Veeduría
Ciudadana de la Circunvalar ha interpuesto los respectivos recursos legales.
Pero todo sigue igual.
Además, para mayor
anarquía, se permitió la remodelación total de un local sin las
correspondientes licencias de construcción y abusando del espacio público,
según manifiesta la misma Veeduría.
El irrespeto de lo legal
ha llegado a tal extremo que algunos –no todos, por fortuna– comerciantes y
empresarios del sector han optado, de manera unilateral, por derribar los recién
construidos sardineles, como se denunció en la edición pasada, para convertir
los andenes en parqueaderos privados. Y las autoridades siguen sin responder.
Sí a una Circunvalar que
sea polo turístico de la ciudad, fuente de empleo y asiento de pujantes
empresas; pero no a cualquier costo, sin observancia de la ley y con posiciones
rufianescas que se parecen más a las del salvaje oeste que a las de un Estado
social de Derecho. Señores inversionistas, la libre empresa es un derecho
constitucional, siempre y cuando se ajuste a la ley.
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