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| Con la firma de cinco de los asistentes y la espera de que otros más se sumen al acuerdo pactado, terminó una reunión para el control del ruido en la Circunvalar. |
El espacio escogido para exponer su
inconformidad fue un encuentro entre socios de Asobares con representantes de
la comunidad y del gobierno municipal. Allí no faltaron otras recriminaciones
de parte y parte, incluidas las de las autoridades, pero el ambiente general
era de cooperar para llegar a un arreglo que beneficiara a todos.
Objetivo que se cumplió de manera parcial con
la firma de un documento conciliatorio donde se determinaron unas exigencias
precisas para los dueños de establecimientos públicos ubicados en el sector, el
cual empezará a regir a partir de la fecha y que tendrá un tiempo prudencial
para su implementación.
Juan Carlos Valencia, secretario de Gobierno, enumeró
varias irregularidades, tales como lo que denominó “usurpación de espacio
público”, además de la presencia de
menores en el sector de Monos, lo cual demanda más control. También se refirió
al incumplimiento, por parte de algunos, del Acuerdo 078, que regula el uso de
los antejardines y que exige el pago de un impuesto por uso de ese espacio.
“Solo 10 o 11 lo hacen”, dijo Valencia.
La secretaría de Gobierno expidió en la ciudad
125 cartas dirigidas a empresarios que usan de manera irregular los
antejardines, los cuales solo pueden construirse con estructuras livianas. “Insonorizar
no es obligatorio, pero sí es obligatorio el control de ruido, de manera que no
afecte a los vecinos”, remató el funcionario. “Nuestros derechos terminan donde empiezan los
derechos ajenos”, dijo la representante de la Personería municipal, quien
estuvo de acuerdo con Valencia.
Más
quejas
César Bolaños, subsecretario de seguridad,
afirmó que en la actualidad hay 12 procesos contra igual número de establecimientos
debido a que no se cumple con la insonorización.
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Juan Carlos Valencia, secretario de Gobierno,
se lamentó por el nivel de ruido que tiene el sector.
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Reiteró que en más de un local se han
encontrado menores y por ello se han iniciado procesos que han terminado con el
cierre de locales en el pasado.
Leonor Mary Marmolejo, presidente de la
Veeduría ciudadana, aseguró que los residentes estaban primero, mucho antes de
que se abrieran los locales, por ello mismo tienen prioridad –“los primeros
fuimos los primeros”, dijo–; aunque matizó que en la reunión lo que se
pretendía era armonizar los intereses de un sector con amplio reconocimiento turístico con los intereses de la comunidad residente. “No nos consideren su
contraparte”, dijo.
María Camila Rodríguez, directora ejecutiva de
Asobares, rescató el énfasis conciliatorio de la reunión y llamó la atención
sobre la necesidad de “regular a los futuros establecimientos que pretendan
abrirse en el sector, pues sería beneficioso para evitar contratiempos por el
incumplimiento de las normas”. Rodríguez fue una de las convocantes de la
reunión y también coordinó el encuentro.
Expertos
en control de ruido
Por su parte Julio César Gómez, subdirector de
la Carder, expuso que 90 por ciento de los locales incumplen con el límite
nocturno al ruido. El nivel máximo de
ruido para la zona es de 55 decibeles, agregó Alejandro Ríos, ingeniero
ambiental de la secretaría de Gobierno, encargado también de explicar la
normatividad a los presentes.
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Los dueños de los bares de la zona estuvieron atentos a los puntos del acuerdo |
Gómez enfatizó que el uso mixto del sector de
la Circunvalar, previsto en la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial, restringe
el ruido porque los residentes tienen prioridad en la protección de sus
derechos. Incluso, manifestó que “no deberíamos estar aquí”, al aludir a que la
normatividad es clara al respecto.
Ríos, por su parte, explicó las normas que
rigen el control del ruido, tales como la resolución 8321, la ley 232 de 1995 y
el decreto 0627. El ingeniero acompañará el proceso de insonorización y control
de ruido por partes de los presentes.
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