El debate sobre la tenencia de armas por civiles no es
nuevo. En todo el mundo, desde la Edad Media, se ha discutido si es aceptable
que personas comunes estén armadas o si solo deben ser usadas por agentes del
Estado.
Recientemente el nuevo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con
quien no me identifico ideológicamente pero sí comparto su idea de prohibir el
porte de armas por civiles en lugares públicos, puso el dedo en la llaga sobre
un problema causante de violencia en toda Colombia.
La misma Policía Nacional se ha mostrado de acuerdo, como
una estrategia efectiva para evitar que las personas se maten entre sí, pues
las estadísticas muestran que en nuestro país, y Pereira no es ajena, el 70% de
los homicidios se cometen con armas de fuego.
Por eso es muy pertinente que el Gobierno Nacional piense en
presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir el porte
de armas, para que sean los alcaldes y no solo las brigadas del Ejército las
que puedan regular este problema, y así seguir bajando las cifras de
asesinatos.
Es apenas evidente que una sociedad civilizada debería
aspirar a que ningún civil use armas, y a que éstas sean monopolio de un Estado
que garantice la seguridad a todos los ciudadanos. Más que garantizar,
supuestamente, la protección de unos pocos, se debe cuidar la vida de todos los
ciudadanos.
Además, es un hecho que gran parte de las armas con
salvoconducto son usadas para cometer crímenes, o cuando este porte se mezcla
con el alcohol las personas cometen errores que las pueden llevar a prisión.
De igual manera, si existe una legislación que prohíba su
tenencia, será más fácil que las autoridades les sigan la pista a las armas
ilegales y se pueda combatir el tráfico de estos peligrosos elementos.
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