De todos es
sabido, por la evidencia física, que la ciudad tiene un activo sector de la
construcción, que se ha convertido en motor para la economía local y una de las
áreas más demandante en mano de obra no calificada, algo que de seguro la
ciudadanía sabe agradecer y que las políticas estatales incentivan a través de
diferentes concesiones.
Sin ánimo de
buscar señalizaciones específicas, mucho menos sin pretensión de condenar, pues
ello solo cabe a las autoridades respectivas, cabe resaltar una situación que
en los meses recientes ha tenido dos evidentes hechos que han trascendido a lo
público, sin dejar de lado la posible ocurrencia de otros hecho igual o quizá más
graves sucedidos en otras zonas de la ciudad.
Pero estimular
al sector de la construcción no puede ir de la mano de la negligencia o, peor
aún, posible connivencia al momento de vigilar que se cumplan las diversas
normas que regulan al sector, las mismas que parecieran ser un saludo a la
bandera cuando se analizan los hechos recientes en los cuales se vieron involucradas
dos enormes obras civiles ubicadas en la exclusiva zona de Pinares. Lo que allí
se ha evidenciado llama a reflexión.
¿Qué papel
efectivo está cumpliendo la Dirección Operativa de Control Físico, adscrita a
la secretaría de Gobierno municipal? ¿Cuáles son las exigencias de las
Curadurías Urbanas y qué responsabilidad les cabe en aquellos casos en los
cuales resulten afectaciones a terceros? Que dos hechos tan graves sucedan en
tan breve plazo, siguiendo unas dinámicas similares en cuanto a daño en
calzadas, es algo que debe encender las alarmas de las autoridades, pues
parecieran ser señales de alerta de que algo irregular está ocurriendo con las
entidades encargadas de controlar el buen desarrollo de las obras, mucho más
cuando estas son de la envergadura de las mencionadas.
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