Opinión / Editorial

Déficit ético

Por Carlos Victoria

Distintas encuestas y estudios empíricos demuestran cada vez más que amplios sectores de la sociedad, y en particular de la opinión pública, son más desconfiados y escépticos frente al accionar de los funcionarios públicos, agravando la crisis de legitimidad y abriendo las compuertas de la indignación ciudadana. Es lo menos que se podría esperar en una sociedad castigada por la alta concentración del poder.

La depresión de las variables del capital social, en términos de la pérdida de confianza en las instituciones y responsables públicos, son el reflejo de un modelo de gestión centrado, en el caso colombiano, en dos pilares que han desfigurado la construcción de la nación: el autoritarismo y el clientelismo. Por esta vía la modernidad quedó truncada, porque ambos pivotes hacen de sostén a la corrupción política y administrativa.

La Constitución de 1991 le apostó a un Estado participativo, pero no previó la audacia del amplio repertorio de mafias enquistadas en torno a la caza de rentas, por ejemplo. Los diversos modelos de accountability  han resultado inocuos frente a la dimensión de una problemática que arrastramos desde la Colonia y que hoy se agudiza mucho más ante las disyuntivas de la globalización y los designios del mercado.

La rotación en el poder, una de las condiciones que da cuenta de la calidad de la democracia en una sociedad moderna, dejó de ser una regla para convertirse en una práctica hostil a todo lo que signifique transparencia y probidad en el contexto  del desempeño de las instituciones. Por el contrario, lo que se volvió norma fue un auténtico parasitismo burocrático asociado a diversas variables de control social y política excluyente.

Los que capturan distintas instancias del Estado no solo aspiran al poder y la riqueza, también pretenden reducir su riesgo de exposición  penal, legitimidad política y reconocimiento social, como lo afirma Garay. Para esto no se requiere estar necesariamente por fuera de la Ley, pero sí a merced a ella cuando la arbitrariedad se expande a través de infinidad de laberintos y redes, como los que se prodigan desde los partidos políticos en el poder.

El silencio, el miedo y la salida, según Hirchsman, no deben ser la respuesta de la comunidad porque coadyuvan  a un consenso asimétrico de los intereses públicos. Los  contrapesos  sociales tienen la difícil misión de ayudar a superar el déficit ético y de paso  restablecer un ordenamiento democrático que enfrente el desequilibrio de los poderes y sus abusos. Menos mal que algunos sectores sociales buscan remediar esta situación, así sea desde la sanción moral. Un recurso que jamás podrán cooptar los corruptos, por más sagaces que sean. 

La Constitución de 1991 le apostó a un Estado participativo, pero no previó la audacia del amplio repertorio de mafias enquistadas en torno a la caza de rentas, por ejemplo.