Opinión / Editorial

¿Quién vigila lo público?
A cada tanto salen a relucir escándalos debido a la denuncia de actos de corrupción en diferentes estamentos de la sociedad. En Colombia son tan frecuentes estas denuncias que ya parecieran hacer parte del escenario natural, en la gestación de una actitud permisiva tan deplorable como perniciosa en cualquier sociedad.

Los carruseles, y otras denominaciones empleadas por los medios, hacen estragos en las finanzas públicas, mejor dicho, en el dinero de todos nosotros, porque tampoco se ha entendido con suficiencia que lo público no es de los elegidos o de los dirigentes, lo público es lo nuestro.

Día a día se hace más notoria la podredumbre que la corrupción ha plasmado en todos los ámbitos de la vida ciudadana, permeando al parecer sectores otrora ejemplares de la sociedad, tales como las universidades, espacios donde se debería estar pensando la sociedad, pero que han devenido de manera paulatina en unas insulsas empresas más que comercian con el conocimiento y las llamadas “competencias” exigidas por un mercado laboral intransigente en la cualificación, pero timorato en compensaciones económicas y de otra índole.

No hace falta estar muy imbuido de las dinámicas universitarias para percibir algo desalentador: la flexibilización laboral llegó a estos centros académicos, a la par con la flexibilización en la debida exigencia académica tanto a docentes como a estudiantes. En nuestro entorno situaciones como esta son ya de conocimiento público. Por ejemplo, los parámetros de selección de los estudiantes cada día son más precarios, porque lo importante es tener una buena cantidad de matriculados. De hecho, en alguna universidad se les denomina clientes, no estudiantes. Y ya sabemos que el cliente siempre tiene la razón.

Sumado a ello, han salido a flote algunas denuncias que, esperamos, sean estudiadas por los organismos respectivos para constatar o negar su veracidad. Algunas de ellas hacen referencia al tráfico de puntos por producción académica, con destino al mejoramiento del escalafón salarial de docentes rasos y directivos. En una primera impresión, pensando en el bien de la universidad como institución, como cuna del conocimiento y faro de la sociedad, desearíamos que todo no pasara de ser una mala interpretación o, a lo sumo, una situación atípica cometida por algún descarriado funcionario.

Ese el deseo, pues si la academia, lugar natural donde se reflexiona y se hace seguimiento de lo público, se encuentra permeada por las mismas conductas que campean en otros ámbitos ciudadanos, entonces estaríamos ante una situación crítica que demostraría algo dramático: la ética de lo público ya no es prioridad en los centros del pensamiento. Y ahí sí, solo quedaría decir que “la sal no sala ni el azúcar, endulza”. Todo se habría corrompido.