Toda ciudad
tiene múltiples herramientas de planeación y ordenamiento para pensarse a
futuro. Unas se ajustan mucho a los intereses de cada administración, entre
ellas el Plan de Desarrollo que cada alcalde propone como su bitácora
particular. Otra, de más de largo aliento, es el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT).
Mediante el Acuerdo
28 de 2015 Pereira aprobó su POT hasta el 2027. Pero su vigencia fue efímera,
pues en abril de este año un juez ordenó su suspensión porque se aceptó una
demanda en su contra debido a vicios de trámite. La suspensión continúa y la
ciudad está al garete en ese punto, aunque el Alcalde Gallo presentó de nuevo
el mismo POT, a pesar de su promesa
inicial de una reformulación del mismo.
Varias personas
que conocen del tema han afirmado que el POT aprobado y luego suspendido, en
esencia, tiene bondades dentro de sus lineamientos, lo que indica el trabajo
concienzudo que se realizó, a pesar de los altibajos y situaciones que se
dieron durante su trazado (no olvidemos las renuncias y remplazos de última
hora de algunos de quienes pensaron el POT aprobado). Tampoco han de faltar los
lunares, pero allí estaba.
Lo de fondo es
que, con POT o sin él, Pereira pareciera no seguir en la práctica una ruta
inteligente de desarrollo como ciudad. Prevalecen las mecánicas de
improvisación, de cambios o interpretaciones amañadas, más los infaltables
intereses particulares que se imponen a lo público, han convertido el
desarrollo de la ciudad en un caos en cuanto a infraestructura.
Un ejemplo claro
es la polémica alrededor del traslado del batallón San Mateo y el uso posterior
de ese espacio, donde todo apunta a que primará el beneficio de particulares
–entre ellos pereiranos con cargos del nivel nacional–. Según denuncia del
colectivo Espacio y Ciudad, solo 17 por ciento del total de esa área se usaría
de manera efectiva como zona verde. Setenta por ciento sería para uso de
constructores que ganarían de entrada 300 por ciento de plusvalía, pues al
cambiar el uso del suelo el costo del metro cuadrado se triplicará. El resto se
usaría en obras públicas.
Hay que
garantizar el derecho a una ambiente saludable, mucho más en una ciudad que
tiene el deshonroso título de ser una de las más pobres en la relación metros
de área verde por habitante. Apenas ofrecemos 3 metros cuadrados por habitante,
cuando lo mínimo sería entre 10 y 15, según la Organización Mundial de la Salud.
Las ciudades
deben crecer, ofrecer viviendas y obras de infraestructura que mejoren la
oferta de alojamiento y calidad de vida para sus habitantes, pero es inmoral e
ilegal dejar a un lado lo público para atender de manera prioritaria lo
privado. En este aspecto, Pereira se está ahogando entre el concreto y el
cemento.
Foto tomada de: El tiempo
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