Entre la espada y la pared, así se encuentran cerca de 25 vendedores de
cedés, que desde hace dos días no pueden vender sus mercancías en la peatonal de
la 18, después de que el gobierno local prohibiera la comercialización de las mismas al estar estipulado como un delito.
“Desde hace dos días no podemos
vender y necesitamos pagar arriendo, llevar la comida para nuestros hijos,
pagar servicios públicos y sostenernos, somos la mayoría madres cabezas de
hogar de más de 40 años de edad, y sin un bachillerato, que no tenemos
posibilidad de acceder a otra forma de sustento”, manifiesta Martha Cecilia Vicuña,
vendedora informal.
Hoy en la calle 18 solo permanecen
quienes después del reciente proceso de inclusión al Ruvip adelantado por la
Secretaría de Gobierno de Pereira, lograron demostrar que contaban con los
respectivos permisos para estar en el espacio público.
En el resiente balance presentado
por la secretaria de
Gobierno, Beatriz Eugenia Ramírez, manifestó que se habían recibido 65
solicitudes, 59 presentaron los documentos pero luego de la verificación se
reconocieron 31 vendedores con permiso.
Aunque el alcalde Enrique Vásquez ya había manifestado
que desde la administración les estaban formulado
otras propuesta de formalización a los vendedores e incluso ofreciendo puestos
de trabajo en empresas locales, estos comerciantes “No quieren trabajar en
otras áreas”; sin embargo tras un recorrido realizado por VECINOS, algunos
manifestaron que no se trata de voluntad, sino de requisitos.
“Ofrecen empleos pero a los hombre les exigen
libreta militar y nosotros ya estamos viejos no tenemos de eso y a las mujeres
como mínimo un curso del Sena y ellas en su mayoría no tienen ni bachillerato”,
explicó Robinson Rendón.
Derecho de petición
El pasado 15 de septiembre los comerciantes
informales de la peatonal de la 18, presentaron al Alcalde un derecho de petición
en la que además de la relocalización de algunos módulos, también proponían el
traslado de los cambalacheros a otro sitio concertado previamente y la
implementación de alternativas como Capital Semilla, módulos o empleo para los
vendedores.
En el documento también hace una
fuerte crítica a las acciones por parte del gobierno local en los que se habría
gastado más dinero en estudio que en gestionar soluciones.
“La contratación de dos nuevos
estudios por un valor aproximado de más de mil millones, la adjudicación
irregular de algunos módulos, el allanamiento y decomiso de m
ercancías, la aplicación
de medidas de choque como el Plan Candado…Nos muestra que durante su
administración a nombre del espacio público se han gastado más de tres mil
millones en el Plan Integral de Ventas Informales que en nada ha contribuido a
la solución de la problemática”.
Dato
La
lista total de vendedores en la calle fueron 65, de los cuales 56 presentaron
los respectivos documentos, de ellos 15 cuentan con permiso y Ruvip, 12 Ruvip,
3 con permiso, uno con antigüedad y 25 sin Ruvip ni permiso.
Tres
vendedores presentaron documentos que no están en el listado.
Investigación
Hoy la Administración estudia la
legitimidad de algunos permisos del Ruvip que al parecer abrían sido alterados
por algunos vendedores con el fin de conservar sus lugares de trabajo.
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