Matecaña / Dudas en concreto

Lo que se ha puesto en evidencia es la laxitud en la exigencia que debe primar en la selección de los contratistas y, peor aún, la ausencia de fiscalización de los organismos de control.

Pereira fue noticia nacional por unos días. Y no precisamente por algo encomiable: la empresa escogida para construir la torre de control del aeropuerto Matecaña –ICSA– terminó señalada por adjuntar documentación falsa como parte de los soportes exigidos para ser elegida. El contrato era por 1.693 millones de pesos, pero ante semejante engaño debió ser rescindido de mutuo acuerdo entre las partes.

Medios nacionales con amplia audiencia se solazaron con los pormenores del caso, en el cual salió a relucir también la denunciada amplia influencia que el senador Carlos Enrique Soto tiene en las administraciones tanto local como departamental.

Es innegable que las obras previstas, y para las cuales el gobierno nacional destinó una jugosa partida, son necesarias si se desea tener una terminal aérea competitiva para la ciudad. Nadie pone en duda ese punto.

Pero queda en el aire el sinsabor de que el proceso no fue transparente desde el inicio. De hecho, la Asociación de Ingenieros de Risaralda (AIR) expuso constantes reparos. Incluso, Samuel Eduardo Salazar, miembro de la junta directiva del aeropuerto, prefirió dimitir antes que avalar procesos que para él tenían anomalías.

Desconocimiento tozudo

De nada sirvieron los campanazos de alerta y el alcalde Enrique Vásquez siguió adelante con el proceso, acompañado por la gerente del aeropuerto, Yolanda Cerón Muñoz. Los resultados de tal actitud están a la vista: descrédito ante una funcionaria como la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, distinguida meses antes con diferentes honores tanto por el gobierno local y como por los gremios, debido al generoso apoyo dado a la propuesta de remodelación del aeropuerto.

La actitud del Alcalde, tibia desde el principio, parecía desconocer lo que ya era con suficiencia conocido: la plena claridad de que algo irregular sucedía.

Comprobado todo lo que se sospechaba, la inclusión reciente del presidente de la Cámara de Comercio, Mauricio Vega, en la junta directiva del Matecaña, como condición de la misma ministra, permitió descongelar los recursos del gobierno central para así darle continuidad a la obra. Además de la exigencia sobre transparencia y el acompañamiento de varias entidades del orden central en el proceso.

En este caso, el ejercicio de las veedurías, amparado en el artículo 270 de la Constitución del 91 y normas posteriores, cumplió un papel destacado e impidió que mediante maniobras ilegales se ejecutaran obras públicas que deberían estar investidas con la mayor transparencia.

Lo que sigue

Las obras de una cabecera, avaluadas en 13.800 millones de pesos, entrarán pronto en licitación y desde ya la veeduría se anuncia con un carácter mayúsculo, incluso la misma ministra pidió de manera formal ser invitada a la apertura de pliegos y correspondiente ajudicación.

Se anuncian, por otro lado, siete grandes proyectos viales en Pereira en los cuales el concreto tiene todo el protagonismo, algunos de ellos en relación directa con la Comuna Universidad.

La inversión, que ronda los 70 mil millones de pesos, estaría apoyada en la figura de Asociación Pública Privada (APP), en la cual empresas cementeras multinacionales asumirían el costo de las obras a cambio de un posterior pago con base en el estimado recaudo por valorización que afectará a casi toda la ciudad.

Por ello desde ya la Veeduría Ciudadana se apresta a cumplir su labor de vigilante de los procesos contractuales, para que se optimice el uso del presupuesto público y se asignen las obras con la transparencia y claridad que ameritan los procesos de adjudicación en una administración que se autoproclama seria y respetuosa de la ley.